Violencia y más violencia

Son las doce de la noche y Brenda no llega a su casa. Irene, su madre, en los momentos de desesperación de su búsqueda, encuentra una carta que, dice, le partió el alma.

“Mamá, ya no quiero vivir aquí. Ya estoy fastidiada de toda esta familia y he sufrido muchos daños, me voy de la casa. Estaré mejor, no me busques”

Irene salió a buscar a su hija con la carta en la mano, momento desde el que empezó el difícil camino rumbo a la justicia. Brenda estaba muy lejos de su comunidad, a más de una hora de distancia en autobús; pese a todo su madre la encontró y al verse se abrazaron.
-“Regresa a la casa por favor, vámonos”
-“No mamá, a ese lugar nunca regresó”
-”¿Pero por qué? Si nadie te ha hecho daño”

Brenda es una jóven de quince años que ha vivido situaciones de violencia sexual desde la niñez, pues su padre y su abuelo abusaban de ella desde que tenía nueve años. En la casa nadie se daba cuenta de lo que pasaba: todavía siendo una niña Brenda tuvo que atravesar todo este doloroso proceso en silencio hasta que cumplió los quince años y tuvo la valentía de huir.

Gracias a organizaciones de la sociedad civil como la casa de sanación “Yolpajti”, Brenda e Irene han iniciado un proceso legal, espiritual y emocional de liberación y justicia. Durante 8 meses han llevado este caso a todas la instancias legales competentes, pero lamentablemente no han sido favorables para ambas, ya que con las investigaciones, los principales agresores siguen libres y actualmente Irene incluso es acusada de cómplice.

Ambas son originarias del municipio de Cuetzalan, donde Radio Tsinaka buscó el testimonio de mujeres víctimas de violencia, jueces y juezas de paz, autoridades municipales y organizaciones de la sociedad civil que explicaron las formas en las que la violencia intrafamiliar aumentó durante la pandemia.

Desempleo, violencia sexual y machismo

Muchos hombres que tenían trabajo en las ciudades fueron despedidos y tuvieron que regresar a sus comunidades, lo cual significó un aumento de responsabilidades en las mujeres y una sobreexigencia de parte de sus familias para atender trabajos domésticos y escolares.

En palabras de Susana Mejía y Martha Mercado, responsables de la casa de sanación Yolpajti, la violencias se agudizaron durante la pandemia, y explican que las que más hay son la emocional, patrimonial, física y sexual. De acuerdo con lo que han podido observar jueces de paz y organizaciones de la sociedad civil a las que recurren las mujeres que han sufrido violencia, la pérdida de empleos en la ciudad está muy relacionada a un incremento en este problema. una sobrecarga de trabajo al estar hijos y esposos en casa.

Una habitante de Cuetzalan quien dio su testimonio de manera anónima, confirma lo que dicen las encargadas de Yolpajti: “Es que como está mi señor y están mis hijos, mi señor les grita, yo quiero defender a mis hijos y entonces el problema es conmigo”.

Tanto parejas jóvenes como otras con más años de vida en familia, se vieron atrapadas en estados de tensión muy altos que se reflejaban con violencia verbal, física y sexual. Al mismo tiempo, como medida de prevención ante la propagación del COVID-19, las organizaciones de la sociedad civil como la Casa de la Mujer Indígena y el mismo Ministerio Público estuvieron cerradas, lo cual hizo aún más difícil el denunciar y dar seguimiento a la misma.

La jueza de paz de Tzinacapan, Xochit Salgado, explicó que a diferencia de los casos que atendió previamente a la pandemia, observó también un aumento en el abandono y maltrato a menores de edad por parte de sus padres y madres, quienes en la desesperación por la situación económica, se desentendieron de sus responsabilidades.

Otro grave problema fue el incremento de la violencia sexual en el municipio. La Casa de la Mujer Indígena en Cuetzalan es un espacio donde mujeres indígenas acuden solas o con sus parejas a buscar ayuda y acompañamiento cuando sufren violencia. En dicho espacio tuvimos la oportunidad de dialogar con quienes ofrecen dicho acompañamiento y quienes también tienen a su cargo la casa de sanación Yolpajti, un lugar al que acuden mujeres que por la violencia extrema que viven, no pueden volver a casa.

Los casos que han llegado a la casa de sanación Yolpajti evidencian que la violencia sexual también aumentó. De acuerdo con las responsables del espacio, esto se debe a que los hombres tienen la costumbre de exigir a sus parejas tener actividad sexual cuando ellos así lo quieren, sin importar la voluntad de las mujeres.

Los jueces de paz con quienes platicamos mencionaron casos de violencia sexual que van desde violaciones a menores de edad hasta acoso sexual entre familiares, ocurridos durante la pandemia y que no están llegando a las autoridades municipales sino que se atienden en las comunidades por medio de acuerdos ante el juez de paz.

Esto se debe a que denunciar implica una serie de gastos y trabas, como pérdida de tiempo y revictimización y criminalización, que muchas veces terminan en pocos o nulos resultados de justicia.

Otra de las causas de la violencia fue el abuso de sustancias alcohólicas. Si bien desde antes de la pandemia el alcohol estaba asociado con un incremento en las agresiones, el juez de paz de Tzicuilan, comunidad a veinte minutos de la cabecera municipal, mencionó que al estar en el encierro, algunos hombres recurrieron a la bebida y se alcoholizaban al grado de llegar a los golpes, insultos y demás violencias hacia sus parejas y a los integrantes de sus familias.

Escenas de violencia de pareja se repiten cotidianamente en Cuetzalan: Radio Tsinaka vio el 9 de octubre a una pareja llegar a las oficinas del ministerio público en un vehículo de la policía, donde el hombre, quien fue el agresor, iba en estado de ebriedad, resistiéndose a bajar de la unidad. Uno de los uniformados traía el arma blanca (machete) con la que el hombre alcoholizado le había hecho una herida a su pareja sentimental, quien tenía una cortada en el hombro derecho.

Estructura social patriarcal

Un juez de paz de Cuetzalan compartió algunos casos de violencia física extrema que tuvo que mediar, y mencionó que estos casos habían llegado al juzgado porque venían de historias de años de violencia; sin embargo, la mayoría de casos son sobrellevados dentro de las familias, quienes normalizan lo ocurrido.

Estas violencias acumuladas se deben a una estructura social patriarcal muy arraigada y establecida. El mismo juez puso el ejemplo de una pareja, en la cual la mujer de 21 años acostumbraba a trabajar en algunas casas lavando ropa. Al volver su esposo de la ciudad durante el confinamiento, lo anterior le causó una gran molestia al grado de golpearla y herirla bajo el argumento de:

“No me casé contigo para que trabajes, me casé contigo para que me atiendas”. Además de esto, algo muy importante que identifica la regidora de Gobernación del periodo 2018-2021 y actual Regidora de Equidad de Género, Cristina López Márquez, es que las mujeres siguen sin tener acceso a la tierra (violencia patrimonial) y por lo tanto tienen también una dependencia económica por parte de sus cónyuges: así, las mujeres no tienen acceso a la tierra pero tampoco pueden trabajar libremente. Pese a las acciones de las instituciones de gobierno y los movimientos sociales en contra de la violencia de género, el patriarcado se sigue reproduciendo entre las familias y comunidades, y todavía está latente en las nuevas generaciones.

Estas familias más jóvenes siguen dejando a las mujeres la responsabilidad sobre los quehaceres domésticos y el cuidado de las hijas e hijos, aunque también deban aportar económicamente a la familia. O en casos contrarios, en comunidades indígenas aún hay hombres que se han quedado con la idea de que las mujeres no deben dedicarse a ninguna otra actividad más que el atender al marido e hijos, como en el caso antes mencionado. Otra manifestación del machismo es el hecho de que la mujeres no puedan hablar con otros hombres que no sean con sus esposos. Rosa, una madre jóven de 25 años, recibió una fuerte agresión por hablar con un primo de su pareja. Su caso fue relatado a Radio Tsinaka por parte de la casa de sanación:

La casa de sanación Yolpajti recibió una llamada por parte del Hospital de Cuetzalan para que atendieran a una mujer que había sido golpeada. Al visitarla seguía muy delicada y pudieron hablarle de la importancia de que recibiera atención por su estado de salud física y mental. Le platicaron de que la apoyarían psicológica y legalmente. Accedió y pudieron ir por sus hijos a su domicilio. Desde entonces están en el refugio donde han reconstruído y reconocido su propia historia de violencia familiar. El hombre, como en los demas casos, siempre es el que decidía cuándo tener relaciones sexuales sin el consentimiento de su pareja. Por otro lado, no se hacía cargo de los gastos que conlleva el tener una familia. Había mucho control y la mujer no podía salir de la casa a trabajar, incluso la última vez que salió con él, fue cuando la golpeó por haber platicado con uno de sus primos. El refugio ha ayudado a la familia en la gestión de la manutención de las y los hijos por parte del padre. También ofrece cursos de corte y confección para que las usuarias puedan tener un oficio al salir, y al mismo tiempo, está ayudándolas a formular un plan de vida propio. Los hijos están tomando clases desde este espacio con una pedagoga, lugar donde también se encontraron con Brena e Irene, quienes están compartiendo ahora el camino hacia la sanación. Brenda, Irene y Rosa acudieron en busca de ayuda en un momento donde la violencia fue extrema. Sin embargo, muchas mujeres viven en silencio diferentes tipos de violencia por el temor a ser señaladas y juzgadas en sus familias y en la sociedad por “salirse del huacal”.

El mismo Ministerio Público de Cuetzalan dijo en entrevista con Radio Tsinaka que esta estructura patriarcal limita la búsqueda de la justicia: “Principalmente, parte de la educación, de los usos y costumbres en las comunidades es que existe patriarcado y machismo en las mismas. Aunque ya hay una cultura de denuncia por parte de las mujeres, varias se retractan porque no quieren ser señaladas, no quieren estar en un conflicto con sus agresores o sus familiares”.

También mencionó que por esta razón no hay suficientes registros de violencia y es por ello que, no existe una estancia que pueda atender correctamente la violencia que padecen las mujeres. “Es necesaria una estancia que atienda cuestiones de género y violencia hacia las mujeres, que en verdad se especialice en estos temas, ya que no hay un acompañamiento ni se realizan los procedimientos adecuados para poder llegar a la justicia”. Es un hecho que la mayoría de los casos de violencia no se denuncian. Al preguntar en la Casa de la Mujer Indígena comentaron que el porcentaje de mujeres que llegan y busca el apoyo legal es del 30%, pero cuando tienen que volver al día siguiente con todos los requisitos que les piden, se arrepienten y entonces sólo uno de cada tres casos sigue el proceso legal.

Uno de los factores que influyen en que muy pocos casos se denuncien es la falta de recursos económicos por parte de las víctimas de violencia, ya que para seguir un proceso legal deben salir de sus comunidades en múltiples ocasiones y eso trae gastos de viáticos, y comida. Otra razón es que durante los procedimientos que deben llevar a cabo cuando realizan la denuncia, les piden una serie de requisitos que deben presentar y que son difíciles de conseguir como testigos y pruebas. Finalmente, muchas veces en las instancias reciben señalamientos, culpabilización y regaños por parte del personal, de acuerdo con lo que ha observado la Casa de la Mujer Indígena, la instancia encargada de acompañar a mujeres en estos procesos.